Todo régimen socioeconómico de un país debe fundamentarse en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, con el fin de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para su pueblo.
Por lo anterior, toda política económica que emprenda cualquier estado deberá estar al servicio de la sociedad a la que se debe.
Es por ello que la gestión fiscal debe estar regida en Venezuela por los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal establecido en el artículo 311 de la Constitución Nacional de forma tal que los ingresos ordinarios deberán ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
En aras de cubrir ese equilibrio presupuestario, el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, sustentándose para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos según lo dispuesto en el artículo 316 ejusdem; de forma tal que el Estado pueda promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios para asegurar el bienestar social, todo ello en consonancia con lo indicado en el artículo 320 de la Constitución Nacional antes mencionada.
Siendo así, me remito a lo escrito en este blog el 29 de mayo del año 2012, cuando se desarrolló el tema de los tributos y otras exacciones aplicables en Venezuela donde se concluye que la proliferación de tributos y otras exacciones gubernamentales en Venezuela, lejos de ser variables de control fiscal para asegurar y mantener la estabilidad económica del país, conducen al menoscabo de la legalidad tributaria y presupuestaria incrementando el deterioro de la unidad de caja del sector público aumentando el desbalance entre los fines públicos y generando incongruencias entre los tributos, así como una disminución del control financiero, todos estos aspectos que sumados atentan contra la integridad del sistema financiero y económico del estado venezolano.
Igualmente vale la ocasión para denunciar hasta cuando los venezolanos vamos a seguir aceptando la firma de convenios con Cuba, como el firmado esta semana donde Venezuela y Cuba desarrollarán 51 proyectos en diversas áreas, como energía, salud y educación, así como inversiones conjuntas por valor de 2.000 millones de dólares en este ejercicio 2013, donde el principal beneficiado es Cuba y no Venezuela.
Señores debemos exigir a este y cualquier gobierno venezolano una calidad de gasto público que se traduzca en bienestar para el pueblo de Venezuela, antes que cualquier otro.
